- El presidente neoliberal Tabaré Vázquez, viaja este miércoles a Asunción del Paraguay para asistir a los actos conmemorativos de la independencia paraguaya.
Vázquez irá acompañado por una delegación oficial que integran los ministros Víctor Rossi (Transporte) y Daniel Martínez (Industria), el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Vaz, y el presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Miguel Brechner.
Tabare es otro especimen similar a Fernando Lugo, que engañó a la izquierda con un discurso seudo-progresista para sumergir a su pais en el neoliberalismo, logrado su objetivo de tomar el papel de caporal del imperio.
Uruguay: La inmersión en el modelo neoliberal
Raúl Zibechi
Lunes 16 de julio de 2007
La reciente gira del presidente George W. Bush por cinco países de América Latina parece estar modificando la relación de fuerzas en la región, y de modo muy particular en Sudamérica. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Bush acordaron un vasto plan para la expansión de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, acuerdo que se consolidó con la posterior visita de Lula a Camp David a finales de marzo. En Uruguay, el presidente estadounidense y Tabaré Vázquez consolidaron el acercamiento comercial y diplomático en el que ambos gobiernos trabajaban desde hacía más de un año. Estos acuerdos forman parte de lo que podemos llamar la “segunda oleada neoliberal”.
La primera de estas oleadas estuvo caracterizada por las privatizaciones y el desmonte de los Estados nacionales a favor del capital financiero y de las grandes multinacionales del Norte, en particular las europeas. Ese primer neoliberalismo fue frenado en gran medida por una oposición organizada en movimientos sociales. Sin embargo, tras la crisis mundial de los años 1998-2002, avanza en el continente una nueva oleada neoliberal. La deuda externa ya no se encuentra en el centro del debate, lugar que ahora ocupa el papel del continente en las estrategias de acumulación de capital. A grandes rasgos, observamos fuertes inversiones en minería y la expansión de los cultivos de soja, mientras que, más recientemente, vemos que algunos países líderes como Brasil pugnan por convertirse en grandes exportadores de biocombustibles. Se trata de una “reprimarización” de las exportaciones tras una crisis que dejó maltrecho el vulnerable aparato industrial regional.
La región en su conjunto tiende a convertirse en proveedora de commodities para el llamado mundo desarrollado, tanto para Estados Unidos y Europa como para los países asiáticos emergentes. Algunos analistas estiman incluso que el Mercosur, donde décadas atrás florecía una prometedora industria, tiende a convertirse en una “república sojera” transfronteriza que se acerca a una producción de 100 millones de toneladas, lo que representa casi el 70 por ciento de las exportaciones mundiales de soja. Los impactos sociales y ambientales son evidentes. En Brasil, la soja es la principal causa de la deforestación de la Amazonía, mientras que en Argentina y Paraguay provoca la expulsión en masa de pequeños y medianos productores.
En el continente conviven tres grandes modelos en torno a los que se articulan los procesos de acumulación actual: la soja y el maíz transgénico, la pasta de celulosa y la minería a cielo abierto en las regiones de la cordillera andina. Los tres provocan graves repercusiones sobre las comunidades y, por añadidura, ninguno está destinado al mercado interno sino a abastecer las necesidades de la producción industrial y el forraje que demandan las zonas y países donde es más intenso el crecimiento económico. Es decir, los tres grandes modelos buscan la acumulación de capital.
Este triple modelo tiene ahora la vista puesta en los biocombustibles, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las grandes potencias, en particular los Estados Unidos, de diversificar su matriz energética para disminuir la dependencia del petróleo. La expansión de los cultivos transgénicos, la instalación de nuevas y más grandes plantas de celulosa y el exponencial crecimiento de los cultivos de caña de azúcar en Brasil, líder mundial en la producción de biocombustibles, son una de las principales apuestas de los gobiernos de Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez y Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.
La integración no avanza
Con los nuevos gobiernos progresistas, y pese a esfuerzos como el desarrollado por Brasil para impulsar el comercio Sur-Sur, las exportaciones de productos industrializados decaen mientras se incrementan las de commodities y materias primas. Éstas se dirigen sobre todo hacia Estados Unidos, que se consolida como el principal mercado en buena parte de los casos. En paralelo, los esfuerzos para acelerar y profundizar la integración regional que se realizan tras el fracaso del ALCA en la Cumbre de Mar del Plata (Argentina), en noviembre de 2005, no parecen suficientes ante el impetuoso avance de esta segunda oleada neoliberal.
A diferencia de la primera oleada neoliberal privatizadora de los 90, monitoreada por gobiernos conservadores, la actual está siendo impulsada por los nuevos gobiernos progresistas. Si los movimientos resistieron con empeño y coraje la primera, la relación de fuerzas actual hace mucho más compleja la oposición. Las diferentes posiciones de los gobiernos progresistas y de izquierda están frenando el proceso de integración regional. Por ejemplo, algunos de los proyectos que resultan claves, como el Gasoducto del Sur, están paralizados; y el Banco del Sur, creado a comienzos de 2007 por Venezuela y Argentina, se encuentra con enormes dificultades para incluir a todos los países y enfrenta la oposición de Brasil.
En algunas ocasiones estas diferencias se convierten en un enfrentamiento político abierto. A comienzos de marzo, cuando Bush y Tabaré Vázquez estaban reunidos en la residencia presidencial de Colonia, a escasos 50 kilómetros, en Buenos Aires, Hugo Chávez encabezó un acto antimperialista con el apoyo del presidente argentino Néstor Kirchner y de buena parte de los movimientos sociales de ese país. Nunca había sido tan evidente la brecha entre distintos gobiernos progresistas y de izquierda de la región: la gravedad de la situación que está provocando la nueva oleada neoliberal llegó a enfrentar a los principales gobiernos que integran el Mercosur, puesto que discrepan en casi todos los puntos de la agenda común.
Brasil es el primer exportador y, tras Estados Unidos, el segundo productor mundial de etanol. Pero mientras el etanol estadounidense, basado en el maíz, tiene baja productividad y afecta a su precio como alimento, la producción a partir de caña de azúcar coloca a Brasil en la vanguardia mundial del etanol. Un acuerdo de largo plazo con Brasil permitiría a Estados Unidos tres objetivos centrales: diversificar la matriz petrolera reduciendo su dependencia de las importaciones de Venezuela y del Medio Oriente, debilitar a Venezuela y a sus aliados, y frenar la integración regional motorizada por los hidrocarburos, que había cobrado vuelo a lo largo de 2006. Este plan reaviva los mismos objetivos que tuvo que aplazar Bush en noviembre de 2005 al fracasar el ALCA en la Cumbre de Mar del Plata.
No es casual que Hugo Chávez haya criticado frontalmente el etanol como alternativa al petróleo: “lo que Estados Unidos pretende es imposible. Para sostener con etanol su estilo de vida habría que sembrar con maíz de cinco a seis veces la superficie del planeta Tierra”, dijo en su programa semanal. Agregó que la expansión de los cultivos afectará a los alimentos, que serán más caros; y a los suelos, que se degradarán más por el uso de agroquímicos; a la vez que se fortalecerá “la tendencia al monocultivo para alimentar las plantas de etanol”. Las críticas de Chávez fueron completadas por Fidel Castro, quien dijo que “la idea de usar alimentos para producir combustibles es trágica, es dramática”, ya que “nadie tiene seguridad de a dónde van a llegar los precios de los alimentos cuando la soja se esté convirtiendo en combustible”.
Si consideramos que la actual coyuntura que vive la región es muy grave es porque puede producirse una prolongada inflexión que afectará tanto a los pueblos como a los gobiernos de izquierda. Hilando fino, el problema no es ni Bush ni Estados Unidos. Ellos hacen su juego, como siempre lo hicieron. Con el proyecto del etanol emerge una nueva-vieja alianza: la de las elites globales, expresada en algunos gobiernos de la región.
Entre los principales promotores de la Comisión Interamericana de Etanol, creada en diciembre, figuran dos personajes claves: Jeb Bush, ex gobernador de Florida, a quien muchos acusan del fraude electoral que facilitó el acceso a la persidencia de su hermano en 2000; y el brasileño Roberto Rodrigues, presidente del Consejo Superior de Agronegocios de San Pablo y ex ministro de Agricultura durante los primeros cuatro años del gobierno de Lula. Rodrigues, el hombre del agrobusiness en el gobierno brasileño, está dispuesto a deforestar la Amazonía y a expulsar a millones de campesinos de sus tierras para lubricar la acumulación de capital.
Esto indica que Brasil, que estará gobernado los tres próximos años por un Lula que no podrá volver a ser reelegido, está apostando a una integración regional muy similar al ALCA pero liderada por las elites de Sâo Paulo, con intereses parcialmente diferentes a las elites estadounidenses y europeas pero con muchos aspectos en común. En primer lugar, comparte la idea de libre comercio, es decir, una integración asentada en la producción y exportación a la medida de los mercados mundiales. En segundo lugar, para potenciar la exportación de las mercancías a los mercados más importantes, Brasil impulsa un vasto plan de obras denominado IIRSA (Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana) que beneficia a las empresas brasileñas, puesto que son las llamadas a implemenar el grueso de las obras, pero también a las grandes empresas de ese país ligadas a las multinacionales.
El papel de Uruguay
En este panorama de ofensiva de los Estados Unidos y dificultades de la integración regional se inserta la soprendente actitud del gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez, proclive a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington. Este gobierno es un firme defensor, desde el 1 de marzo de 2005, de las importantes inversiones de empresas de celulosa como Botnia (Finlandia), ENCE (España) y Stora Enso (Suecia), que pretenden construir los mayores emprendimientos en la región. La planta de Botnia comenzará a funcionar hacia fines de 2007, pese al grave conflicto fronterizo con Argentina que ha provocado su construcción.
De modo coherente con su pasado y programa, el Frente Amplio [1] se opuso a la construcción de estas plantas mientras estuvo en la oposición. Argumentaba que el país no debía ingresar en la senda de los cultivos forestales masivos, pues conllevan problemas de sostenibilidad ambiental y crean muy pocos puestos de trabajo. Sin embargo, apenas llegó al gobierno, el Frente Amplio cambió de opinión: ahora argumenta que el país necesita inversiones y que éstas son positivas para el desarrollo económico y para superar los problemas de desocupación y pobreza. La política económica del gobierno de Vázquez se ha alineado con las propuestas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, dejando de lado cualquier posibilidad de ensayar o buscar alguna alternativa al modelo neoliberal.
Pero lo que más llama la atención es que buena parte del gobierno (en particular los ministerios de Economía y de Industria y Comercio) promueve la ruptura con el Mercosur y la firma de un TLC con Estados Unidos. No resulta sencillo explicar esta postura. Sólo puede comprenderse si se considera que el gobierno uruguayo ha apostado por las alianzas entre elites y se siente motivado por la urgencia de conseguir altas tasas de crecimiento. En este sentido, parece sentirse deslumbrado por los “éxitos” de un país como Chile, atribuidos a su estrecha relación con Washington. Los sectores que desde la izquierda promueven otra política no poseen ni la convicción ni la claridad de propuestas suficientes para alterar el rumbo tomado.
En la izquierda uruguaya, como en buena parte de las izquierdas del continente, hace tiempo que se dejó de lado el debate sobre las alternativas al modelo actual. Incluso se fue debilitando la idea de lograr un cambio y construir una ética diferente, basada en el compromiso con los más pobres. Su lugar ha sido ocupado por las ansias de poder, como si todo el proyecto de la izquierda pudiera resumirse en ganar el gobierno, suponiendo que lo demás llegará por añadidura. Pero hay algo más, que tal vez sea lo decisivo: intentar salir del modelo hegemónico supone arriesgarse a crisis políticas, sociales, económicas e institucionales. Las elites tienen la suficiente fuerza y apoyo nacional e internacional como para desestabilizar a los gobiernos que se atrevan a intentar cambios y, ante el temor a la desestabilización, los presidentes progresistas y de izquierda retroceden como forma de esquivar problemas.
--------------------------------------------------------------------------------
Raúl Zibechi es periodista uruguayo y analista internacional. Investigador de los movimientos sociales latinoamericanos, es autor de los libros Genealogía de la Revuelta (2003) y Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales (2006). La primera de estas oleadas estuvo caracterizada por las privatizaciones y el desmonte de los Estados nacionales a favor del capital financiero y de las grandes multinacionales del Norte, en particular las europeas. Ese primer neoliberalismo fue frenado en gran medida por una oposición organizada en movimientos sociales. Sin embargo, tras la crisis mundial de los años 1998-2002, avanza en el continente una nueva oleada neoliberal. La deuda externa ya no se encuentra en el centro del debate, lugar que ahora ocupa el papel del continente en las estrategias de acumulación de capital. A grandes rasgos, observamos fuertes inversiones en minería y la expansión de los cultivos de soja, mientras que, más recientemente, vemos que algunos países líderes como Brasil pugnan por convertirse en grandes exportadores de biocombustibles. Se trata de una “reprimarización” de las exportaciones tras una crisis que dejó maltrecho el vulnerable aparato industrial regional.
La región en su conjunto tiende a convertirse en proveedora de commodities para el llamado mundo desarrollado, tanto para Estados Unidos y Europa como para los países asiáticos emergentes. Algunos analistas estiman incluso que el Mercosur, donde décadas atrás florecía una prometedora industria, tiende a convertirse en una “república sojera” transfronteriza que se acerca a una producción de 100 millones de toneladas, lo que representa casi el 70 por ciento de las exportaciones mundiales de soja. Los impactos sociales y ambientales son evidentes. En Brasil, la soja es la principal causa de la deforestación de la Amazonía, mientras que en Argentina y Paraguay provoca la expulsión en masa de pequeños y medianos productores.
En el continente conviven tres grandes modelos en torno a los que se articulan los procesos de acumulación actual: la soja y el maíz transgénico, la pasta de celulosa y la minería a cielo abierto en las regiones de la cordillera andina. Los tres provocan graves repercusiones sobre las comunidades y, por añadidura, ninguno está destinado al mercado interno sino a abastecer las necesidades de la producción industrial y el forraje que demandan las zonas y países donde es más intenso el crecimiento económico. Es decir, los tres grandes modelos buscan la acumulación de capital.
Este triple modelo tiene ahora la vista puesta en los biocombustibles, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las grandes potencias, en particular los Estados Unidos, de diversificar su matriz energética para disminuir la dependencia del petróleo. La expansión de los cultivos transgénicos, la instalación de nuevas y más grandes plantas de celulosa y el exponencial crecimiento de los cultivos de caña de azúcar en Brasil, líder mundial en la producción de biocombustibles, son una de las principales apuestas de los gobiernos de Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez y Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.
La integración no avanza
Con los nuevos gobiernos progresistas, y pese a esfuerzos como el desarrollado por Brasil para impulsar el comercio Sur-Sur, las exportaciones de productos industrializados decaen mientras se incrementan las de commodities y materias primas. Éstas se dirigen sobre todo hacia Estados Unidos, que se consolida como el principal mercado en buena parte de los casos. En paralelo, los esfuerzos para acelerar y profundizar la integración regional que se realizan tras el fracaso del ALCA en la Cumbre de Mar del Plata (Argentina), en noviembre de 2005, no parecen suficientes ante el impetuoso avance de esta segunda oleada neoliberal.
A diferencia de la primera oleada neoliberal privatizadora de los 90, monitoreada por gobiernos conservadores, la actual está siendo impulsada por los nuevos gobiernos progresistas. Si los movimientos resistieron con empeño y coraje la primera, la relación de fuerzas actual hace mucho más compleja la oposición. Las diferentes posiciones de los gobiernos progresistas y de izquierda están frenando el proceso de integración regional. Por ejemplo, algunos de los proyectos que resultan claves, como el Gasoducto del Sur, están paralizados; y el Banco del Sur, creado a comienzos de 2007 por Venezuela y Argentina, se encuentra con enormes dificultades para incluir a todos los países y enfrenta la oposición de Brasil.
En algunas ocasiones estas diferencias se convierten en un enfrentamiento político abierto. A comienzos de marzo, cuando Bush y Tabaré Vázquez estaban reunidos en la residencia presidencial de Colonia, a escasos 50 kilómetros, en Buenos Aires, Hugo Chávez encabezó un acto antimperialista con el apoyo del presidente argentino Néstor Kirchner y de buena parte de los movimientos sociales de ese país. Nunca había sido tan evidente la brecha entre distintos gobiernos progresistas y de izquierda de la región: la gravedad de la situación que está provocando la nueva oleada neoliberal llegó a enfrentar a los principales gobiernos que integran el Mercosur, puesto que discrepan en casi todos los puntos de la agenda común.
Brasil es el primer exportador y, tras Estados Unidos, el segundo productor mundial de etanol. Pero mientras el etanol estadounidense, basado en el maíz, tiene baja productividad y afecta a su precio como alimento, la producción a partir de caña de azúcar coloca a Brasil en la vanguardia mundial del etanol. Un acuerdo de largo plazo con Brasil permitiría a Estados Unidos tres objetivos centrales: diversificar la matriz petrolera reduciendo su dependencia de las importaciones de Venezuela y del Medio Oriente, debilitar a Venezuela y a sus aliados, y frenar la integración regional motorizada por los hidrocarburos, que había cobrado vuelo a lo largo de 2006. Este plan reaviva los mismos objetivos que tuvo que aplazar Bush en noviembre de 2005 al fracasar el ALCA en la Cumbre de Mar del Plata.
No es casual que Hugo Chávez haya criticado frontalmente el etanol como alternativa al petróleo: “lo que Estados Unidos pretende es imposible. Para sostener con etanol su estilo de vida habría que sembrar con maíz de cinco a seis veces la superficie del planeta Tierra”, dijo en su programa semanal. Agregó que la expansión de los cultivos afectará a los alimentos, que serán más caros; y a los suelos, que se degradarán más por el uso de agroquímicos; a la vez que se fortalecerá “la tendencia al monocultivo para alimentar las plantas de etanol”. Las críticas de Chávez fueron completadas por Fidel Castro, quien dijo que “la idea de usar alimentos para producir combustibles es trágica, es dramática”, ya que “nadie tiene seguridad de a dónde van a llegar los precios de los alimentos cuando la soja se esté convirtiendo en combustible”.
Si consideramos que la actual coyuntura que vive la región es muy grave es porque puede producirse una prolongada inflexión que afectará tanto a los pueblos como a los gobiernos de izquierda. Hilando fino, el problema no es ni Bush ni Estados Unidos. Ellos hacen su juego, como siempre lo hicieron. Con el proyecto del etanol emerge una nueva-vieja alianza: la de las elites globales, expresada en algunos gobiernos de la región.
Entre los principales promotores de la Comisión Interamericana de Etanol, creada en diciembre, figuran dos personajes claves: Jeb Bush, ex gobernador de Florida, a quien muchos acusan del fraude electoral que facilitó el acceso a la persidencia de su hermano en 2000; y el brasileño Roberto Rodrigues, presidente del Consejo Superior de Agronegocios de San Pablo y ex ministro de Agricultura durante los primeros cuatro años del gobierno de Lula. Rodrigues, el hombre del agrobusiness en el gobierno brasileño, está dispuesto a deforestar la Amazonía y a expulsar a millones de campesinos de sus tierras para lubricar la acumulación de capital.
Esto indica que Brasil, que estará gobernado los tres próximos años por un Lula que no podrá volver a ser reelegido, está apostando a una integración regional muy similar al ALCA pero liderada por las elites de Sâo Paulo, con intereses parcialmente diferentes a las elites estadounidenses y europeas pero con muchos aspectos en común. En primer lugar, comparte la idea de libre comercio, es decir, una integración asentada en la producción y exportación a la medida de los mercados mundiales. En segundo lugar, para potenciar la exportación de las mercancías a los mercados más importantes, Brasil impulsa un vasto plan de obras denominado IIRSA (Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana) que beneficia a las empresas brasileñas, puesto que son las llamadas a implemenar el grueso de las obras, pero también a las grandes empresas de ese país ligadas a las multinacionales.
El papel de Uruguay
En este panorama de ofensiva de los Estados Unidos y dificultades de la integración regional se inserta la soprendente actitud del gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez, proclive a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington. Este gobierno es un firme defensor, desde el 1 de marzo de 2005, de las importantes inversiones de empresas de celulosa como Botnia (Finlandia), ENCE (España) y Stora Enso (Suecia), que pretenden construir los mayores emprendimientos en la región. La planta de Botnia comenzará a funcionar hacia fines de 2007, pese al grave conflicto fronterizo con Argentina que ha provocado su construcción.
De modo coherente con su pasado y programa, el Frente Amplio [2] se opuso a la construcción de estas plantas mientras estuvo en la oposición. Argumentaba que el país no debía ingresar en la senda de los cultivos forestales masivos, pues conllevan problemas de sostenibilidad ambiental y crean muy pocos puestos de trabajo. Sin embargo, apenas llegó al gobierno, el Frente Amplio cambió de opinión: ahora argumenta que el país necesita inversiones y que éstas son positivas para el desarrollo económico y para superar los problemas de desocupación y pobreza. La política económica del gobierno de Vázquez se ha alineado con las propuestas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, dejando de lado cualquier posibilidad de ensayar o buscar alguna alternativa al modelo neoliberal.
Pero lo que más llama la atención es que buena parte del gobierno (en particular los ministerios de Economía y de Industria y Comercio) promueve la ruptura con el Mercosur y la firma de un TLC con Estados Unidos. No resulta sencillo explicar esta postura. Sólo puede comprenderse si se considera que el gobierno uruguayo ha apostado por las alianzas entre elites y se siente motivado por la urgencia de conseguir altas tasas de crecimiento. En este sentido, parece sentirse deslumbrado por los “éxitos” de un país como Chile, atribuidos a su estrecha relación con Washington. Los sectores que desde la izquierda promueven otra política no poseen ni la convicción ni la claridad de propuestas suficientes para alterar el rumbo tomado.
En la izquierda uruguaya, como en buena parte de las izquierdas del continente, hace tiempo que se dejó de lado el debate sobre las alternativas al modelo actual. Incluso se fue debilitando la idea de lograr un cambio y construir una ética diferente, basada en el compromiso con los más pobres. Su lugar ha sido ocupado por las ansias de poder, como si todo el proyecto de la izquierda pudiera resumirse en ganar el gobierno, suponiendo que lo demás llegará por añadidura. Pero hay algo más, que tal vez sea lo decisivo: intentar salir del modelo hegemónico supone arriesgarse a crisis políticas, sociales, económicas e institucionales. Las elites tienen la suficiente fuerza y apoyo nacional e internacional como para desestabilizar a los gobiernos que se atrevan a intentar cambios y, ante el temor a la desestabilización, los presidentes progresistas y de izquierda retroceden como forma de esquivar problemas.
--------------------------------------------------------------------------------
Raúl Zibechi es periodista uruguayo y analista internacional. Investigador de los movimientos sociales latinoamericanos, es autor de los libros Genealogía de la Revuelta (2003) y Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales (2006). Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina.
Notas
[1] El Frente Amplio es una coalición de partidos políticos uruguayos que abarca el espectro del centro-izquierda. Fue fundado el 5 de febrero de 1971.
[2] El Frente Amplio es una coalición de partidos políticos uruguayos que abarca el espectro del centro-izquierda. Fue fundado el 5 de febrero de 1971.
No hay comentarios:
Publicar un comentario