Una empresa de aportantes a la campaña electoral de Fernando Lugo pisotea derechos del pueblo y se burla de la opinión pública:
La empresa Sertran, que realiza controles en el tránsito en las rutas nacionales que cruzan por los municipios de Ñemby, Ypacaraí, Hernandarias y Cnel. Oviedo, viola las leyes con total impunidad. Pese a todas las irregularidades y quejas de los automovilistas, ninguna institución pública ni judicial intervino en el caso
La empresa Sertran, en complicidad con los intendentes de Ñemby, Héctor Lucio Lesme (PLRA); de Ypacaraí, Fernando Raúl Negrette (PLRA); de Coronel Oviedo, Edgar Gustavo Olmedo (ANR), y Hernandarias, Mario Castillo González (PLRA), sigue recaudando millones en concepto de infracciones de tránsito en las rutas estatales que cruzan por estos municipios. Para lucrar impunemente también cuentan con el apoyo de los ediles comunales y de las instituciones públicas y judiciales.
La referida empresa fue puesta en marcha por Petronio Muñoz, con negros antecedentes judiciales, y el ex tesorero de la Alianza Patriótica para el Cambio Raúl Meza, nucleación que llevó a la presidencia de la República a Fernando Lugo. Ambos son amigos del actual mandatario de la nación.
Desde que asumió Lugo la presidencia de la República, la empresa empezó a operar en estos municipios y pese a las violaciones de la Constitución Nacional, el Código Procesal y otras normativas ninguna institución intervino en el caso.
Para realizar los controles del tránsito, cruce de semáforos y exceso de velocidad, la empresa utiliza cámaras fotográficas y un equipo que se llama cinemómetro. Este último saca fotografías de un vehículo determinado y menciona la velocidad del vehículo y la superación de un límite determinado, en este caso 60 km/h.
El acta describe la matrícula del vehículo, su propietario, el lugar, fecha y hora de la infracción, la descripción de la falta, la disposición legal infringida y datos del vehículo, todo firmado por el director de Tránsito.
Generalmente las cédulas de notificaciones son enviadas a los supuestos infractores después de seis meses de haber ocurrido el hecho. Este es el caso de Federico Agustín Chiola Benítez.
Chiola Benítez supuestamente excedió la velocidad el 26 de diciembre de 2010, pero recién recibió la notificación el pasado 12 de abril de este año.
Pero la cédula de notificación en este y todos los casos viola la Constitución Nacional en su artículo 17, que se refiere a los derechos procesales. La normativa establece que toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia, que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos. Igualmente, que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales, entre otros.
Normalmente los cuatro municipios y la empresa Sertran envían las cédulas de notificaciones a los supuestos infractores con la condena previa e incluso con los montos a pagar.
Desde el momento que entregan las notificaciones, el supuesto infractor tiene un tiempo de 10 días para pagar. En el caso de exceso de velocidad, si abona antes del plazo establecido, el monto es de G. 811.720 y de no hacerlo, la suma se eleva a G. 1.275.560. De este monto recaudado solo queda el 20% a los municipios y el 80% se lleva Sertran.
La Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia, el MOP (dueño de la ruta), el Ministerio de Industria y Comercio (Defensa del Consumidor), la Contraloría General de la República y otras instituciones no actúan y dejan a los pobladores en manos de Sertran y los cuatro municipios.
Fuente: http://www.abc.com.py/nota/justicia-deja-a-pobladores-en-manos-de-sertran-en-cuatro-municipios/
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