Un nuevo Baltasar Garzón en Paraguay

El juicio al juez justiciero, como muchos denominan al enredo en el cual se ve envuelto Baltasar Garzón, podría inciarse en elpróximo Octubre si no hay recusaciones, informa la prensa española por estos días.
Todo empezó en Octubre de 2008, cuando Garzón decidió investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo y autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree estaban enterradas víctimas republicanas de la dictadura franquista. Garzón alegó que el delito de “detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad es permanente”.
Pero fiscales y otras fuerzas exógenas se oponían a esta investigación, que hubiera sido la primera sobre esa oscura etapa de España, invocando una ley de amnistía española del año 1977, que declaraba prescriptos los delitos de aquel tiempo.
Contra una muralla fascistoide del mismo tenor se enfrentó en Paraguay el juez Gustavo Bonzi, por defender los derechos de algunos militantes de organizaciones campesinas de izquierda, ante la indiferencia del gobierno del cura Fernando Lugo.
En ese contexto, el juez Bonzi de Concepción fue suspendido recientemente por el Jurado de Enjuiciamiento por liberar a 14 de los 44 presos políticos acusados falsamente de estar involucrados en las actividades guerrilleras del E.P.P”.
El juez Bonzi, había ordenado el sobreseimiento definitivo de los 14 presos políticos que llevaban año y medio en prisión bajo la “acusación” fiscal de supuestos apoyos logísticos del EPP.
El Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, al conocer el fallo del juez Bonzi, ataca a los abogados de CODEHUPY, acusándolos de mantener supuestos contactos telefónicos entre los mismos y el EPP, con la aviesa intención de deteriorar la imagen y minar la credibilidad de esta organización que, valientemente, está intentando velar por la vigencia de las garantías democráticas y por el derecho a un juicio justo.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, solicitó a la Corte Suprema de “Justicia”, la suspensión del juez Gustavo Bonzi. La CODEHUPY, con la que coincidimos, afirmó que “el JEM anticipa el juzgamiento de la Cámara de Apelaciones por lo que la sitúa al límite del prevaricato… más que una resolución de carácter legal, constituye un claro mensaje político que violenta la independencia de la Magistratura al pretender imponer en este caso su criterio sobre la libertad que otorgó Bonzi a personas perseguidas por la Fiscalía… esta resolución del JEM constituye un mensaje intimidatorio a los demás jueces por las resoluciones que pudieran emitir en casos similares”.
Como era de esperar el Tribunal de Apelación compuesto por Julio César Cabañas, Eliodoro Molinas y Luis Jara Sánchez, anuló la resolución que dejaba en libertad a los 14 campesinos/as procesados/as. En virtud de esta tendenciosa decisión judicial los/as 14 presos/as políticos/as, deben volver a Juicio, sin ningún tipo de garantías por lo que varios de ellos ya están tramitando asilo político.
Finalmente, la Corte Suprema de “Justicia” hizo hoy efectiva la suspensión del juez, decretada por el Jurado de Enjuiciamiento.
En Paraguay
Según organismos de DDHH como el colectivo de ex presas políticas Carmen Soler, “En Paraguay, el nivel de la lucha de clases hace imposible que los represores enmascaren la represión política y social. El resultado es una abierta muestra de las brutales metodologías de la Doctrina de Seguridad Nacional. Por eso, la lucha contra la impunidad de los represores, que llevan adelante los organismos de DDHH se torna crítica para una sociedad en crisis.La embajada de EEUU tomó nota de la nueva situación, a tal punto que cambió el disfraz de la injerencia en los asuntos internos. La intervención militar estará ahora conducida por un embajador que a diferencia de la anterior es un abogado que opera en el área de “DDHH” en la cancillería de petróleo y pólvora ( significativamente, antes de “servir” en Paraguay, Ayalde, la embajadora eyectada, era la encargada de la USAID en Colombia)”.
Cabe añadir que las relaciones carnales entre Estados Unidos y el gobierno de Paraguay se profundizaron en lugar de amainar durante el actual gobierno arzobispal de Fernando Lugo, quien llegó a la presidencia en ancas de grupos estrechamente vinculados con USAID como las supuestas organizaciones de izquierda Tekojoja y Pmas, promocionadas por la prensa vinculada a la SIP y al National Endowment for Democracy para borrar del escenario a la auténtica izquierda.
Según el marxista Partido de los Trabajadores paraguayo “El triunvirato Ministerio del Interior-Fiscalía-Poder Judicial, con el cercano asesoramiento de policías colombianos expertos en represión, está implementando todo un sistema de criminalización, buscando aislar, anular y eliminar a las organizaciones no alineadas ni cooptadas por el gobierno o por el régimen social y político de la derecha”.
“En ese marco, se inscriben muchos artículos del Código Procesal Penal, la Ley antiterrorista y, tal como vimos en el caso que nos ocupa, no se sonrojan en violar el debido proceso, deteriorando aún más el supuesto estado de derecho, dejando al movimiento del pueblo trabajador en una brutal inseguridad jurídica y total indefensión”.
Todos los indicios indican que a través del caballo de Troya del Imperio, el mulo de la oligarquía y falso teólogo de la liberación Fernando Lugo, la pesadilla sólo se ha agravado en Paraguay, que ya tiene a su Baltasar Garzón en el juez Gustavo Bonzi. LAW